Cuando Maru Campos era la candidata a gobernadora por el PAN, el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez dictó su vinculación a proceso por la “nómina secreta”. Al resultar ganadora de la contienda electoral, un día antes de tomar protesta, un magistrado del Poder Judicial la exoneró
María Eugenia Campos Galván no llevaba ni una hora como gobernadora de Chihuahua cuando se refirió a Duarte y a la postura que tomaría su administración respecto al exmandatario, que en aquel momento seguía preso en Miami en medio de su proceso de extradición.
“Quiero decirle a todo Chihuahua y a todo el país, de una vez por todas: en el caso Duarte ni perdón ni olvido, por supuesto que no, y ya cerramos también esa página y nos ponemos a trabajar”, lanzó la recién nombrada gobernadora, enfundada en un traje sastre blanco y en compañía de la plana mayor del Partido Acción Nacional (PAN), en el que milita.
Lo que no dijo Campos aquel día fue que su propio gobierno sería el encargado de continuar la investigación conocida como la “nómina secreta”, donde ella fue acusada formalmente de participar. Un claro conflicto de intereses.
Entre 2014 y 2015, María Eugenia Maru Campos acudió mensualmente a la Secretaría de Hacienda de Chihuahua para recoger dinero de la “nómina secreta”; una vez que tenía el efectivo en mano, la también subcoordinadora del grupo parlamentario del PAN firmaba recibos que luego se usaron como prueba en las investigaciones de la FGE y de la Secretaría de la Función Pública.
El modus operandi se repetía con al menos otras 33 personas, que en su mayoría ocupaban algún puesto público. Duarte, de acuerdo con las investigaciones, siempre era quien ordenaba a Hacienda la entrega de los recursos.
Campos y César Jáuregui, compañero de partido y hombre de todas las confianzas de la actual gobernadora, habrían recibido cerca de 10 millones de pesos en efectivo, de un total estimado de cerca de mil millones que Duarte habría entregado tan solo en este esquema de pagos, acusó la FGE.
El dinero servía como moneda de cambio: legisladores como Campos y Jáuregui recibían el efectivo y apoyaban los intereses de Duarte, especialmente aquellos relacionados con la aprobación de deuda y con las revisiones a las cuentas públicas.
La participación directa de Maru Campos fue descrita por Jáuregui Moreno en una declaración ministerial de 2019, como parte de las investigaciones de los fiscales de Chihuahua, reportó el diario español El País.
“Encomendé a la Lic. María Eugenia Campos Galván, vicecoordinadora del grupo parlamentario, que me apoyara tanto en los trabajos de apoyo social como en la representación de la coordinación a mi cargo, a efecto de que facilitara la recepción de los recursos que el Ejecutivo del Estado debía dar a través del órgano hacendario de referencia. La entrega de dicho recurso por parte del Poder Ejecutivo era sistemática, mensual y regular (…) Cada vez que la Lic. Campos Galván acudía ante la Secretaría de Hacienda a recibir el apoyo correspondiente, debía firmar el recibo de entrega que se le requería para la recepción del numerario”, dijo Jáuregui en la declaración citada por el medio.
Gracias a esta confesión, Jáuregui pudo acogerse a un criterio de oportunidad, que permitió a la FGE solicitar el inicio de un juicio penal contra Maru a inicios de 2021.
En abril de ese año, cuando Campos ya era la candidata a gobernadora por el PAN, el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez dictó su vinculación a proceso por la causa penal 2821/2020, correspondiente a la “nómina secreta”.
Campos resultó ganadora en la contienda electoral y el 7 de septiembre, a un día de su toma de protesta, un magistrado del Poder Judicial de Chihuahua la exoneró al considerar que no había pruebas de que el dinero que recibió hubiera condicionado los votos a favor de Duarte.
Ese mismo 2021, también fue vinculada a proceso por la causa penal 3022/2020, en la que se le acusaba de recibir sobornos de empresas constructoras a cambio de la asignación de contratos mientras era alcaldesa de Chihuahua; a días de asumir la gubernatura, la Fiscalía Anticorrupción desistió de la acusación.
A la postre, sería el propio Jáuregui –el mismo que reconoció la participación de Maru, y la suya propia, en la “nómina secreta”– quien terminaría al frente de la Fiscalía General del Estado, cargo al que llegó por propuesta de la gobernadora. Hoy es el máximo responsable de seguir con las investigaciones de los hechos de corrupción que le implican a él y a su jefa, y lleva las carpetas sobre la corrupción ocurrida durante el gobierno de César Duarte.
El fiscal no solamente es subordinado de Campos, también le une a Duarte una cercanía que data de su coincidencia en el Congreso local, recordó el abogado Jaime García Chávez, quien puso la primera denuncia contra Duarte ante la Fiscalía General de la República.
“Duarte hizo una relación estrechísima de amistad con Jáuregui, pero de amistad así, de que se acababan las sesiones y, pues, al restaurante o a la cantina o a platicar; haga de cuenta que eran miembros del mismo partido”, relató García Chávez en entrevista.
Con esos vínculos, la justicia quedó comprometida, de acuerdo con el activista.
“Con esto, qué quiero decir, que las relaciones ahí son estrechísimas, van en el mismo barco tratando de salvarse, porque hay muchas más cosas, algunas que no han trascendido a la escena judicial”, mencionó.
La cercanía de Duarte con los mandos del nuevo gobierno también dio frutos en la escena internacional. El pasado 26 de junio, el exmandatario anunció en conferencia de prensa que había fracasado la demanda civil interpuesta en 2019 por el Gobierno de Chihuahua en Texas para reclamar la devolución de propiedades que, presuntamente, habían sido adquiridas por Duarte y su familia en Estados Unidos.
La resolución del juez Rubén Morales del Tribunal 7 del Condado de El Paso, Texas, dio por cerrado el caso, sin haber juzgado si, en efecto, el exgobernador era dueño de esos bienes inmuebles, hasta 50 según se dijo, y si los había adquirido con los desvíos de recursos públicos de Chihuahua.
En un largo post en su cuenta de X, el exgobernador Javier Corral dio pistas de lo que había sucedido en ese proceso.
“Que las autoridades americanas hayan desestimado la denuncia por las 50 propiedades con un valor de 25 millones de dólares”, aseguró Corral en junio pasado, “no es porque las propiedades del vulgar ladrón de César Duarte no existan, sino porque el Gobierno del Estado, hoy encabezado por María Eugenia Campos (...) nunca atendió, ni respondió los requerimientos que la firma de abogados Buzbee le solicitó para aportar elementos de prueba en el juicio”, acusó Corral en su cuenta de X.
Tras conocerse la resolución, Campos Galván descalificó el expediente contra Duarte, al decir que estaba “viciado en todos los sentidos”.
Buzbee, el despacho que llevó la representación del Gobierno del Estado desde 2019, no respondió a las repetidas peticiones de entrevista hechas por La Verdad Juárez para conocer si la administración de Maru Campos en realidad completó las diligencias, o no.
Al menos dos documentos publicados en medios de comunicación muestran que el despacho texano en efecto pidió al gobierno de Chihuahua que se definiera algún representante y que se mandaran pruebas para el recurso metido por Duarte; según Corral, ninguna de esas misivas tuvo respuesta.
El representante legal de Duarte, Juan Carlos Mendoza, dijo desconocer el caso civil en Estados Unidos y que ni su despacho ni su cliente habían recibido notificación o aviso alguno.
“Nada de eso ha existido, no está en ningún expediente, no hay ninguna notificación, no hay ningún embargo, no hay ningún aseguramiento (…) y, por lo que yo sé, el gobierno de Chihuahua también al licenciado Duarte, si tuviera bienes allá, aquí también lo tendrían que haber notificado, y aquí no ha sido notificado sobre ningún aseguramiento, sobre ningún embargo, sobre absolutamente nada que afecte su esfera jurídica en algún bien fuera del país. No hay, no tenemos ningún vínculo jurídico con el gobierno de Chihuahua en relación a algún bien en los Estados Unidos”, afirmó en entrevista.
Pero el pronunciamiento del juez en Texas, por motivos procedimentales menos que por alguna convicción sobre el fondo del asunto, hizo que el caso de las 50 supuestas propiedades de Duarte y su familia quedara desechado.
Los miembros de la presunta red de funcionarios confabulados con el entonces gobernador conocían tanto los deseos de Duarte que, algunas veces, se resistían a atender sus llamados, sabiendo de antemano que se trataba de peticiones para pagos irregulares o aportes de dinero
La coreografía de fichas en el Poder Judicial llevaba la huella del duartismo: Myriam Hernández fue nombrada magistrada gracias a una reforma de octubre de 2014 impulsada por legisladores señalados en las investigaciones de la “nómina secreta”
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Coordinación y Edición:
Rocío Gallegos
Gabriela Minjares
Investigación:
Itzel Ramírez
Gabriela Minjares colaboró con la entrevista al abogado de César Duarte
Diseño y desarrollo web:
Regina García
Ilustraciones:
Regina García, con ayuda de inteligencia artificial
Fotografías y video:
Archivo La Verdad Juárez / Gobierno de Chihuahua / Conagua
Fecha de publicación:
19 de noviembre de 2025