Tribunal de lealtad

Pero tal vez no hacía falta conocer los registros del testimonio de Hernández para acreditar su filiación a Duarte. En aquel momento, por ejemplo, el activista y abogado Jaime García Chávez consideraba la elección de Hernández como un regreso del duartismo.

“Desde la semana pasada, la magistrada Myriam Hernández está en campaña para obtener los votos del resto de los magistrados; o sea, la futura presidenta ya les pidió los votos porque así lo decidió la gobernadora. Myriam Hernández es una gente que llegó gracias al apoyo de César Duarte, lo que nos muestra que todas las fichas del duartismo se están acomodando en su lugar”, sentenció entonces.

Sería luego, ya con Myriam Hernández al frente del TSJ, que comenzó la persecución y el acoso de jueces que trataron casos relacionados con la corrupción de Duarte y sus cercanos, indicaron fuentes judiciales.

“Para nosotros [los jueces que atendieron casos de la Operación Justicia para Chihuahua] no eran más que casos complicados mediáticamente, y jamás nos imaginamos todas las represalias por solo hacer nuestro trabajo. De pronto, ya estábamos envueltos en una red de odios y venganzas que no vimos venir”, contó un togado que llevó algunas de las causas de los duartistas y que solicitó no revelar su identidad.

Uno de los jueces que ha vivido esa persecución es Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, que en abril de 2021 vinculó a proceso a Maru Campos por la “nómina secreta” dentro de la causa penal 2821/2020.

En marzo de 2023 se hizo de conocimiento público que el TSJ, a través de la Unidad de Investigaciones y Responsabilidades Administrativas, emitió un acuerdo donde determinó que el juez Mendoza Rodríguez había cometido faltas administrativas graves al vincular a la gobernadora Maru Campos en el caso de la “nómina secreta”.

El juez presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por lo que consideró amenazas a su vida y seguridad derivadas de estos señalamientos. En diciembre del mismo año, Mendoza obtuvo un amparo que le concedió la protección de la justicia federal ante las posibles presiones, acciones de acoso, hostigamiento y amenazas de las que era objeto desde el TSJ.

Luego, dentro del Tribunal comenzaron las reformas que fortalecieron al grupo de magistrados de la era duartista, el cambio en la asignación de jueces en los casos relacionados con corrupción, y las expresiones públicas sobre acoso laboral a juzgadores que participaron en los mismos asuntos.

En febrero de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Estado un acuerdo del Consejo de la Judicatura del TSJ que modificó la distribución de las causas penales del sistema penal acusatorio. El acuerdo estableció una separación entre jueces de control y enjuiciamiento y una nueva distribución de las causas penales, tanto las vigentes como las de nuevo ingreso. El cambio supuso que fuera el juez provisional Luis Simental quien desahogó la etapa inicial del proceso contra Duarte, en lugar de la jueza Alejandra Ramos, que había emitido la orden de aprehensión en contra del exmandatario. Según fuentes al interior del TSJ, el documento también posibilitó que nuevos jueces retomaran todos los casos relacionados con la Operación Justicia para Chihuahua.

Además de esta modificación, en menos de tres años el Poder Judicial de Chihuahua ha tenido al menos otras dos reformas estructurales que dotaron de más poder a los integrantes del Consejo de Judicatura. La primera modificación data de mayo de 2022, cuando se eliminó el concurso de oposición como método para ocupar magistraturas, lo que favoreció que fueran los jueces y magistrados nombrados durante el periodo de César Duarte quienes llegaran a puestos importantes en el Consejo de la Judicatura, además de que obligaba a que personas sin carrera judicial fueran propuestas para ocupar algunas magistraturas.

En esa ocasión, organizaciones como México Evalúa, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundación Renace SLP, el Instituto de Justicia Procesal Penal y el Observatorio de Designaciones Públicas consideraron que la propuesta atentaba contra la independencia del TSJ.

La siguiente reforma tuvo lugar en abril de 2024, cuando se dotó al Consejo de la Judicatura del poder para definir los criterios de evaluación de aspirantes a magistraturas vacantes. De acuerdo con legisladores de oposición esta reforma pone en riesgo la división de poderes y la independencia de la función judicial.

Los resultados de la elección judicial del 1 de junio pasado parecen la pieza final hacia la formación de un TSJ a modo, con la llegada de Hortencia García Rodríguez, la jueza que permitió la salida del exgobernador de la cárcel con el cambio de medida cautelar, como magistrada penal.

Héctor Villasana Ramírez, abogado de Duarte, resultó electo magistrado también de una sala penal, sin embargo, una sentencia del Tribunal Electoral de Chihuahua revocó su nombramiento.