Los miembros de la presunta red de funcionarios confabulados con el entonces gobernador conocían tanto los deseos de Duarte que, algunas veces, se resistían a atender sus llamados, sabiendo de antemano que se trataba de peticiones para pagos irregulares o aportes de dinero
En medio de la campaña presidencial de 2012, el entonces candidato priista, Enrique Peña Nieto, que resultaría vencedor, presumía ser parte de un “nuevo PRI”, una generación de políticos jóvenes que, como él, impulsaban un proceso de renovación del partido que gobernó México por más de 70 años. Como ejemplos, Peña Nieto nombró a tres gobernadores electos entre 2010 y 2011: Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, mandatarios de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, respectivamente.
El tiempo mostraría que sí hubo un rasgo común: los tres, hoy exgobernadores, huyeron del país apenas terminaron sus administraciones bajo señalamientos de corrupción. Luego fueron capturados en el extranjero y traídos a México para enfrentar procesos penales. Pero ahí acaban las coincidencias: de entre ellos y otros exgobernadores priistas como el nayarita Roberto Sandoval, fue César Duarte el único que logró salir de prisión para enfrentar su caso en libertad.
A tres años de la extradición de Duarte, no hay una sola sentencia ni proceso administrativo en firme que haya establecido sanción en su contra por los 2 mil 468 millones 136 mil 348 pesos desviados presuntamente bajo su mandato, ni siquiera por el monto de la única acusación penal vigente en su contra. Las investigaciones han sido todas desechadas por imprecisiones en los marcos normativos, tiempos de resolución o fallas procesales, situaciones únicas para los casos del duartismo.
En las 11 órdenes de aprehensión que aportó la FGE como pruebas para la solicitud de extradición que se radicó en Estados Unidos, se detalla el modus operandi de una red creada por el exmandatario para el desvío de recursos públicos y conformada por una veintena de funcionarios entre titulares de instituciones, subsecretarios, directores generales y administrativos.
Orden de aprehensión de la causa penal 2160/2017 en contra de César Duarte.
En pocas palabras: Duarte hacía del conocimiento de sus funcionarios más cercanos su requerimiento de cierta cantidad de dinero, ya fuera para campañas electorales, compra de votos en el Congreso de Chihuahua o adquisición de ganado, ranchos y otros bienes. Luego venía la operación burocrática. Sobre todo desde las secretarías de Hacienda y de Educación y Deporte, así como en la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, los titulares y directores procedían a ajustar la documentación para simular licitaciones y suficiencias presupuestales. A veces, hasta elaboraban los entregables por los que las empresas, supuestamente, cobraban cientos de millones de pesos. Al final venía el pago, que regresaba a manos de Duarte en efectivo.
Los miembros de la presunta red de funcionarios confabulados con el entonces gobernador, como Jaime Herrera Corral, Carlos Hermosillo, Antonio Tarín García, Gerardo Villegas Madriles y Ricardo Yáñez, entre otros, conocían tanto los deseos de Duarte que, algunas veces, se resistían a atender sus llamados, sabiendo de antemano que se trataba de peticiones para pagos irregulares o aportes de dinero.
“Necesito el recurso, no quiero problemas, a ver cómo le hacen”, habría dicho Duarte a sus subalternos a inicios de 2015, cuando les contó que requería 500 millones de pesos para las campañas electorales de ese año, según cita la orden de aprehensión 1260/2017, a la que accedió La Verdad Juárez.
En esa ocasión el equipo duartista optó por simular un contrato de 120 millones de pesos con Kepler Soluciones Integrales, Jesús Manuel Esparza Flores, titular de la Auditoría Superior del Estado –el organismo que fiscaliza el gasto público–, fue quien gestionó y operó el contacto con la empresa, de acuerdo con la investigación.
Era un procedimiento que se venía perfeccionando desde dos años antes. En 2013, Duarte ordenó el pago de 25 millones de pesos para una campaña de publicidad para candidatos a diputados locales, presidentes municipales y síndicos del PRI, con fondos de las arcas estatales, según la carpeta de investigación 2168/2017, que adjuntó las facturas como prueba del desfalco.
Según esa investigación, entre los candidatos beneficiados con los fondos procedentes del Estado estaban Javier Garfio, Daniel Garza, Teporaca Romero del Hierro y Eloy García Tarín. Cuando terminó la llamada Operación Justicia para Chihuahua, como la FGE llamó a las carpetas relacionadas con desvíos de recursos de Duarte y su red, Romero del Hierro y García Tarín encontraron cobijo en la nómina estatal, ahora al amparo de la gobernadora María Eugenia Maru Campos Galván, que designó a una como titular del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, y al otro como director general del Conalep y posterior vocero de la FGE.
Duarte recibió en total 12.2 millones de pesos como sueldo durante su sexenio, mientras que sus empresas y negocios le reportaron 32.8 millones de pesos de ganancias para el mismo periodo, de acuerdo con las declaraciones patrimoniales citadas por la FGE en las investigaciones en contra del exmandatario.
Sin embargo, en su última declaración patrimonial, César Horacio Duarte Jáquez reportó un patrimonio de más de 195 millones de pesos, un monto que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se acrecentó por los delitos cometidos por el exmandatario para beneficiar a sus parientes y a sí mismo.
Conforme esas acusaciones, era común que Duarte ordenara vuelos en la flota estatal para viajes no oficiales, entre ellos uno de junio de 2016, cuando el mandatario ordenó que un avión viajara de Toluca a Cancún para recoger a su hijo, César Duarte Gómez, según se lee en la causa 2149/2017.
El poder igualmente sirvió para pagar dos cuentas de la tarjeta American Express de Bertha Gómez Fong, esposa de Duarte: una vez en 2011, por 43 mil pesos, y otra ocasión en 2013, por 80 mil pesos. Así se señala en el memorándum de apoyo para la solicitud de extradición elaborado por los fiscales Ariana Fajardo Orshan y Jason Wu, y los funcionarios Christopher J. Smith y Rebecca A. Haciski, del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Tras estudiar el caso y las pruebas presentadas por ambas partes, los funcionarios estadounidenses concluyeron que había causa probable para creer que Duarte había cometido los delitos de los que se les acusaba en México, según se establece en el documento, consultado por este medio.
Duarte, que se define a sí mismo como empresario, vendedor de coches y ganadero, también pretendió estrenarse como banquero, eso sí, con recursos públicos.
En septiembre de 2014, la organización Unión Ciudadana, liderada por el abogado Jaime García Chávez, interpuso una demanda contra Duarte ante la entonces Procuraduría General de la República por enriquecimiento ilícito, abuso de atribuciones y facultades, y peculado, presuntamente cometidos al crear un fideicomiso para invertir en el Banco Unión Progreso, una institución financiera en donde el priista figuraba como accionista mayoritario y adonde se habrían hecho transferencias de dinero público por al menos 65 millones de pesos.
En los años de gobierno del presidente Peña Nieto, la PGR no ejerció acción penal alguna por estos hechos.
Los miembros de la presunta red de funcionarios confabulados con el entonces gobernador conocían tanto los deseos de Duarte que, algunas veces, se resistían a atender sus llamados, sabiendo de antemano que se trataba de peticiones para pagos irregulares o aportes de dinero
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Coordinación y Edición:
Rocío Gallegos
Gabriela Minjares
Investigación:
Itzel Ramírez
Gabriela Minjares colaboró con la entrevista al abogado de César Duarte
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Ilustraciones:
Regina García, con ayuda de inteligencia artificial
Fotografías y video:
Archivo La Verdad Juárez / Gobierno de Chihuahua / Conagua
Fecha de publicación:
19 de noviembre de 2025