Disculpe usted, señor Duarte
La jueza Hortencia García Rodríguez concedió al exgobernador la medida que tanto exigía. Lo hizo sin una audiencia de por medio
La jueza Hortencia García Rodríguez concedió al exgobernador la medida que tanto exigía. Lo hizo sin una audiencia de por medio
Era noviembre de 2023. En la Ciudad Judicial de Chihuahua, frente a la jueza Delia Valentina Meléndez se sentaba el exgobernador, César Duarte. Este intentaba por cuarta vez salir del Centro de Reinserción Social 1 de Aquiles Serdán, para lo que solicitaba un cambio de medida cautelar.
Cuando la jueza negó la petición, Duarte estalló.
“Usted se pasó de la raya por atribuciones, y no hable. Usted nos ha querido imponer aquí… Estoy guardando compostura… Haga lo que tenga que hacer, a mí no me tiene que estar diciendo lo que yo haga. A mí ya no me espanta nada. Si en las condiciones de salud que estoy… No me levanto, ni por favor me levanto. Le quiero decir que aquí usted ha abusado de la transparencia y la buena fe. La verdad de las cosas: por lo pronto estoy en la cárcel y ahí me tienen y por lo pronto a ver si me muero y les sale más barato. Que vengan y me retiren, yo no me voy a levantar, así es como merecen. Esto quedará en la historia. No me voy a levantar, no, que me retiren. Dele la instrucción a quien usted manda, a mí no me manda”, gritaba Duarte a la jueza, la misma que unos meses antes había declarado la apertura del juicio oral en la causa 3041/2019.
Ocho meses después, el 6 de junio de 2024, la jueza Hortencia García Rodríguez concedió al exgobernador la medida que tanto exigía. Lo hizo sin una audiencia de por medio, sin solicitud formal de la defensa del exgobernador, y sin apelación por parte de la FGE. El argumento fue que había vencido el plazo máximo de dos años de prisión preventiva oficiosa. Así, Duarte pudo al fin salir del penal y establecerse de nuevo en Chihuahua, donde una orden judicial le impide salir de la ciudad y le obliga a portar un brazalete electrónico.
En la actualidad no existe fecha prevista para que este juicio contra el exmandatario arranque, pues su defensa ha interpuesto varios amparos que impiden que un tribunal de enjuiciamiento determine el inicio del procedimiento, pendiente desde septiembre de 2023, informó el TSJ.
Y es que, en realidad, una vez de regreso en México, la justicia ha sido condescendiente con Duarte.
Por ahora, César Duarte tiene pendiente un solo proceso penal en Chihuahua, que enfrenta en libertad. Es la causa 3041/2019, en la que se le acusa del desvío de 96.6 millones de pesos de fondos públicos que habrían sido pagados a Unión Ganadera Regional del Norte de Chihuahua y a Financiera de la División del Norte, donde Duarte era presidente y socio.
Desde el gobierno estatal y el Poder Judicial, aseguró el abogado y activista, Jaime García Chávez, las piezas se han acomodado para que Duarte sea exonerado y pueda limpiar su nombre.
No es como en Florida, donde Duarte encaró un entorno judicial ni por asomo tan amable. De hecho, la historia pintaba diferente en cada una de las audiencias del proceso de extradición que se celebraron en Miami, donde fue detenido en julio de 2020, y auguraba un desenlace más riguroso para el exgobernador.
Con las pruebas que México presentó ante las autoridades estadounidenses, los fiscales de ese país consideraron que había elementos suficientes para responsabilizar a Duarte de corrupción.
El fiscal Jason Wu dijo que la solicitud de extradición contenía todos los elementos para determinar la “asombrosa” corrupción que hubo en el gobierno de César Duarte, y que la documentación presentada era suficiente para acreditar desfalcos millonarios que el exgobernador habría ordenado y se canalizaron a través de un esquema de simulación de contratos.
Con esos antecedentes, en noviembre de 2021, la jueza Lauren Fleischer Louis, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, determinó que existían “causas probables para creer que el demandado cometió los delitos de conspiración y malversación de fondos gubernamentales que se le imputan en México”.
Al llegar a México, a Duarte lo perseguían otras 19 órdenes de aprehensión locales (entre ellas las de número 1260/2017, 727/2017, 457/2017, 2149/2017, 780/2017, 1687/2017, 1820/2017, 2152/2017, 2159/2017, 2160/2017, 2168/2017, 3021/2019) y una de carácter federal, identificada como FED/UEAF/UNAI-CHIH/44/2019.
Si bien Duarte acarreaba todas estas causas, una particularidad del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos lo ayudó a evitar algunas de ellas. El tratado contempla una “regla de especialidad”, que establece que una persona no puede ser juzgada en su país de origen por un delito diferente a aquel que motivó su entrega, a menos de que exista consentimiento expreso del país que concedió la extradición.
Tras la extradición de Duarte, el Gobierno de Chihuahua debió solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la República que formalizaran ante Washington una solicitud de “excepción a la regla de especialidad”, para que se pudiera formular la imputación de las otras causas en las que ya existía orden de aprehensión.
Según Javier Corral, sucesor de Duarte en la gubernatura de Chihuahua, en agosto de 2023 el gobierno de Estados Unidos concedió la excepción de la regla en al menos seis órdenes de aprehensión.
Siempre de acuerdo a lo publicado por el exgobernador Corral en su sitio web, el TSJ había sido notificado el 9 de agosto de 2023 por la Secretaría de Relaciones Exteriores de esta autorización.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, por medio del área de comunicación social, no respondió al requerimiento de información sobre el estado que guardan los procesos en contra de Duarte.
De esas supuestas seis órdenes, solamente se ha iniciado el proceso por una. El 22 de agosto de ese año, a Duarte se le informó de la nueva orden de aprehensión en su contra por la causa penal 1260/2017, aunque el procedimiento quedaría eventualmente frenado por la justicia federal.
En este caso se señala a Duarte por el presunto desvío de 120 millones de pesos en fondos públicos para pagar a la empresa Kepler por servicios no prestados. El 22 de agosto de 2023, con Duarte en la cárcel, la FGE ejecutó la orden de aprehensión; sin embargo, para febrero de 2024, la jueza federal Martha Cecilia Zúñiga Rosas concedió un amparo que detuvo el procedimiento para, de ese modo, trazar un precedente que podría invalidar otros juicios, pues se argumentó la violación al Tratado de Extradición con Estados Unidos.
Para el abogado Jaime García Chávez, en este caso se transparentó el eje fundamental de la defensa del exgobernador.
Hasta la fecha no se ha ejecutado ninguna otra orden de aprehensión contra el exgobernador. De acuerdo con el Fiscal General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, el gobierno de Chihuahua busca llevarlo a juicio por otras ocho causas penales, pero estaría a la espera de la autorización del gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con fuentes del gobierno anterior, dentro de la Fiscalía de Chihuahua también había al menos otras cinco carpetas de investigación contra Duarte, que quedaron a la espera de su posible judicialización.
Mientras en la FGE comanda un fiscal que autorizó la recepción de dinero público de manos de Duarte, en la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FA) no existía, hasta inicios de 2025, ni una sola carpeta de investigación en contra de César Duarte ni de alguno de sus familiares, como reveló a La Verdad el vocero de la dependencia, René Medrano.
A pocos meses del cambio en el gobierno estatal, en mayo de 2022, la titular de la Fiscalía Anticorrupción, Gema Guadalupe Chávez Durán, presentó su renuncia al cargo a pesar de que su periodo terminaba en 2026. A Chávez la sustituyó Abelardo Valenzuela Holguín, un militante del oficialista PAN desde 1986 y personaje cercano a la gobernadora Maru Campos; su nombramiento recibió críticas de los legisladores de oposición.
Ni la FGE ni la Fiscalía Anticorrupción accedieron a informar cuántas causas penales hay en contra de Duarte ni de sus familiares cuando La Verdad solicitó información al respecto. Javier Corral Jurado tampoco respondió a la solicitud de entrevista para esta investigación.
César Duarte declinó dar una entrevista para este reportaje, pero autorizó que en su nombre respondiera Juan Carlos Mendoza Luján, su abogado y apoderado legal.
Para Mendoza Luján, todos los procesos contra el exgobernador y sus colaboradores no han sido más que una farsa.
En septiembre pasado, otra ficha se movió a favor de Duarte: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua emitió una recomendación en la que pide se le considere una víctima por la vigilancia que hacen las autoridades estatales.
La resolución está firmada por la visitadora Paulina Chávez López, que trabajó en la Secretaría General de Gobierno durante el sexenio del exmandatario (2010-2016) y que no advirtió de un posible conflicto de interés para el estudio y conclusión de la queja iniciada por Duarte, su otrora jefe.
Sin fecha de juicio, sin sentencia y con dos procesos en suspenso, aquella promesa de la gobernadora Maru Campos de “ni perdón ni olvido” para Duarte parece dormir el sueño de los justos.
En la cumbre de su poder político, César Duarte era a la vez un empresario exitoso. Su esposa, Bertha Gómez Fong, había fundado en 2004 Hidroponia de Parral SA de CV, un negocio dedicado a la producción y exportación de tomate.
Para 2015, Hidroponia de Parral ya era una empresa próspera. Tenía 13 hectáreas de siembra con nueve invernaderos que le permitían producir más de 23 mil toneladas de tomate bola fresco de calidad de exportación, con un valor comercial aproximado de 11.4 millones de dólares.
Aunque formalmente el exgobernador no es dueño de Hidroponia de Parral, desde 2005 se ostentaba como consejero de la empresa, que fue considerada parte de la red que formaron también las cuentas personales de Duarte y su familia para captar recursos públicos desde Unión Ganadera División del Norte, que a su vez había sido beneficiada con millones de pesos del erario.
En el ocaso del gobierno de Javier Corral, el 7 de mayo de 2021, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua determinó que la compañía había omitido el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio 2014, por lo que se fijó un crédito fiscal por 13.8 millones de pesos.
El 24 de mayo de 2023, ya con Maru Campos en el gobierno, la defensa de Duarte reclamó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que la notificación de ese crédito fiscal no se había llevado conforme a derecho y que, cuando presentó un recurso de revocación ante Hacienda, la dependencia no emitió respuesta alguna.
Esa omisión de la autoridad fue la que al final permitió que el caso se llevara ante el TFJA. El 19 de marzo de 2024, el magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, de la Sala Regional del Norte Centro 1 del TJFA, resolvió el procedimiento 1009/23-04-01-5-OT a favor de Duarte: nulidad lisa y llana del crédito fiscal por irregularidades en la notificación y por la falta de respuesta de Hacienda.
La sentencia aclara que no se estudió el fondo del asunto, es decir, la validez del crédito fiscal, y que la autoridad estatal está en posibilidades de volver a emitir la sanción para tratar de recuperar los impuestos que no fueron pagados por la empresa de Gómez Fong.
Cinco meses después de esa sentencia, Naranjo Espinoza llegaría al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en específico, a la titularidad de la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, creada en julio de 2024 por la mayoría panista en el Congreso de Chihuahua.
El exgobernador Javier Corral ha cuestionado la actuación del magistrado, a quien señala como amigo cercano de Roberto Fierro Duarte, exfiscal General de Chihuahua y actual titular de la Secretaría de la Función Pública estatal, instancia encargada de revisar algunos procesos administrativos de César Duarte.
En septiembre de 2024, Naranjo Espinoza impuso una sanción administrativa a Javier Corral por faltas en su declaración patrimonial.
“El Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa EPRA049/2024 fue turnado inicialmente al Magistrado Presidente del TEJA, Alejandro Tavares Calderón, pero después fue asignado a Naranjo Espinoza para consumar una venganza de la gobernadora”, informó Corral en su página web.
El 31 de octubre de 2024, el TFJA emitió la sentencia 1979/24-04-01-3-OT, también favorable a Duarte por otro crédito fiscal a Hidroponia de Parral. Al igual que en el caso previo, no ahondó en el fondo del asunto, pues la Secretaría de Hacienda de Chihuahua dijo desconocer si había algún crédito fiscal emitido contra la empresa o alguno de sus dueños.
Resolución del procedimiento 1979/24-04-01-3-OT del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Resolución del procedimiento 1009/23-04-01-5-OT del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
“Señala en esencia la Delegada de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua que (…) no existe la resolución o acto impugnado que señalan las accionantes, por lo que, no hay una afectación jurídica a sus intereses (...) la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, informó que no obran en sus archivos expedientes administrativos a nombre de dichas contribuyentes”, se lee en la sentencia, emitida por la jueza María Juana López Briones.
Posteriormente, ambos resolutivos fueron confirmados por el Poder Judicial de la Federación, como informó Duarte en una conferencia de prensa el 2 de julio pasado.
Si en el terreno penal el escenario ha cambiado a favor de Duarte, en el administrativo el panorama es inmejorable.
A estas dos sentencias federales, Duarte y su defensa han sumado otros triunfos en el terreno administrativo, relacionados con presuntos casos de corrupción, pues las autoridades sancionadoras desecharon las causas correspondientes.
En noviembre de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dejó sin efectos el procedimiento administrativo para castigar el desvío de seis millones de pesos del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua a la organización Unión Ganadera División del Norte, donde Duarte era socio y dirigente.
Según los argumentos de la SFP en la resolución del procedimiento PAD 002/2019, ya había prescrito el plazo legal para sancionar el desvío, debido a que el marco legal todavía no tenía vigencia cuando se celebró el crédito con la organización.
De acuerdo con Juan Carlos Mendoza, abogado de Duarte, el exgobernador también fue absuelto en los procedimientos PAD 004/2019, PAD 072/2019, PAD 83/2019 y PAD 11/2020, que la SFP declaró sin efectos. Ninguna de estas cuatro resoluciones ha sido publicada por la dependencia en el apartado correspondiente de la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que incumple el mandato de ley.
Estas resoluciones han significado la derrota de investigaciones que probaban, de manera contundente, los casos de corrupción, de acuerdo con una exfuncionaria que colaboró en el armado de los expedientes.
“Nos alcanzó el destino porque justo fue en el momento en el que coexistieron dos leyes, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la ley de Chihuahua, que fue abrogada. Una tesis a nivel nacional era que se tenía que iniciar y resolver con la ley vigente al tiempo de los hechos; posteriormente sale una jurisprudencia que dice que no, que todo se tenía que hacer a la luz de la Ley General, eso nos hizo volver a hacer los procedimientos por la prescripción”, dijo en entrevista la exfuncionaria, que pidió la reserva de su identidad por temor a represalias.
“Sabíamos que los servidores sancionados no se iban a quedar en la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que iban a ir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por eso teníamos que hacer una investigación sólida”, comentó.
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), máximo órgano jurisdiccional estatal en la materia, también ha desestimado los casos contra el exgobernador.
En la sesión del 13 de julio de 2023, el pleno del TEJA resolvió los expedientes 005/2022-3-JRA y 033/2022-1-III JRA, en los que se acusaba a Duarte de desvío de recursos y conflicto de interés por dinero entregado a Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte.
Entre 2011 y 2014, ambas organizaciones recibieron 102.6 millones de pesos del Gobierno del Estado de Chihuahua a través de supuestos convenios de apoyo económico para la adquisición de equipos para inseminación artificial de ganado, adquisición de vaquillas, indemnización a productores, compra de alimento para ganado, compra de un predio en Parral –el feudo por excelencia de la familia Duarte–, pago de viáticos por traslado a ferias, repoblamiento de ganado y adquisición de frijol, maíz y avena, según se lee en el expediente número 005/2022-3-JRA.
En tanto que, en el caso 033/2022-1-III JRA, se acusó a Duarte, a Manuel Enrique Russek Valles y Jaime Ramón Herrera Corral, entonces secretarios de Hacienda y Economía, respectivamente, de haber incurrido en conductas de conflicto de interés por desvío de recursos, actuación bajo conflicto de interés y tráfico de influencias por un apoyo económico de 20 millones de pesos otorgado en 2015 a Unión Ganadera Regional División del Norte.
En ambos casos, el TEJA sobreseyó los asuntos al considerar que las conductas atribuidas a Duarte y los exfuncionarios a su cargo habían prescrito, pues se cometieron y tipificaron dentro del marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que todavía no estaba vigente al momento de cometerse los actos imputados.
De acuerdo con el razonamiento del Tribunal y de la SFP, esas conductas se cometieron cuando en la entidad estaba vigente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, que fue abrogada en junio de 2018.
De nuevo, un cese por consideraciones técnicas o procedimentales y no sobre el fondo del asunto.
Pero la actuación del TEJA contrasta con la resolución que, de acuerdo con reportes periodísticos, se emitió durante el primer semestre de 2024, cuando el órgano sentenció a Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de César Duarte, al pago de dos mil 723 millones de pesos y a una inhabilitación por diez años para ocupar cargos públicos.
Estas decisiones y la dilación de los procesos penales son, para la exfuncionaria consultada, un intento de fingir que la corrupción del sexenio duartista nunca existió y, con ello, limpiar la imagen del político.
“Es una burla lo que está sucediendo, como cuando lo extraditan [a Duarte] sale la gobernadora a decir que ‘ni perdón ni olvido’, que lo van a refundir en la cárcel, y luego resulta que con un simple oficio de una juez sale el día de las elecciones. Claro que eso estaba planeado por ese Poder Judicial que es su defensor, nomás falta que le pongan un altar en la Plaza del Ángel”, comentó la entrevistada.
Los miembros de la presunta red de funcionarios confabulados con el entonces gobernador conocían tanto los deseos de Duarte que, algunas veces, se resistían a atender sus llamados, sabiendo de antemano que se trataba de peticiones para pagos irregulares o aportes de dinero
La coreografía de fichas en el Poder Judicial llevaba la huella del duartismo: Myriam Hernández fue nombrada magistrada gracias a una reforma de octubre de 2014 impulsada por legisladores señalados en las investigaciones de la “nómina secreta”
Cuando Maru Campos era la candidata a gobernadora por el PAN, el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez dictó su vinculación a proceso por la “nómina secreta”. Al resultar ganadora de la contienda electoral, un día antes de tomar protesta, un magistrado del Poder Judicial la exoneró
La jueza Hortencia García Rodríguez concedió al exgobernador la medida que tanto exigía. Lo hizo sin una audiencia de por medio...
Ante los señalamientos sobre el crecimiento de su patrimonio y de beneficiarse del dinero público, Duarte se defendía una y otra vez. Según él, no había tocado ni un peso del erario...
Desde Ciudad de México, el gobierno federal informó que el exgobernador acaparaba de manera ilegal en uno de sus ranchos cerca de 700 mil metros cúbicos de agua...
Coordinación y Edición:
Rocío Gallegos
Gabriela Minjares
Investigación:
Itzel Ramírez
Gabriela Minjares colaboró con la entrevista al abogado de César Duarte
Diseño y desarrollo web:
Regina García
Ilustraciones:
Regina García, con ayuda de inteligencia artificial
Fotografías y video:
Archivo La Verdad Juárez / Gobierno de Chihuahua / Conagua
Fecha de publicación:
19 de noviembre de 2025